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| Portada del libro |
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| El suplemento "Crónica" señala que este acta manipulada a lápiz para atribuir más votos al Frente Popular aparece en el libro "1936. Fraude y violencia" y que procede del archivo de la Diputación de Jaén. |
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| La aparición de este libro no cambia la terrible realidad del golpismo español. "Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad..." |
LIBRO PARA ADULTOS: "1936. FRAUDE Y VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR".
LA APARICIÓN DE ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN NO CAMBIA EN ABSOLUTO LA HISTORIA DEL GENOCIDIO ESPAÑOL DEL SIGLO XX.
Interesante es, no cabe ninguna duda, la investigación llevada a cabo por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García que, tras cinco años de peregrinaje, de provincia en provincia, han visto culminada su meta final -la publicación de sus resultados en forma de libro- y que ha dado pie a que Stanley G. Payne opine que ha supuesto "el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX".
También es interesante la redacción y la imagen que hace el suplemento dominical del diario El Mundo, "Crónica", a la hora de dirigir la noticia, que se sabe que es un artículo de opinión, con toda su carga de subjetividad propia de quienes intentan transmitir una idea parcial, más allá de toda información objetiva de tipo periodístico científico. Claro que, si entramos a profundizar en este terreno, podríamos preguntarnos, y con razón, si existe realmente alguna línea editorial en el mundo empresarial del periodismo, o en el de la divulgación informativa más independiente, que realmente haya sido capaz de abstrerse de posiciones extrictamente subjetivas sacrificándolas en aras de la búsqueda de una realidad determinada para transmitirla de forma veraz.
De la misma manera puede ocurrir en el mundo de la historiografía. De hecho, existen múltiples ejemplos de cómo un sistema determinado financia, subvenciona o alienta un tipo de asignatura de Historia sobre otro. El régimen franquista, por ejemplo, es uno de esos sistemas -aparte de genocida- que bien se ocupó de auspiciar una atmósfera, diríamos, disciplinario-educacional de lavado de cerebro social para inculcar la única "realidad" histórica y social que le convenía para su propia supervivencia. De igual manera que cercenaba vidas humanas, también eliminaba cualquier evidencia historiográfica, documental, bibliográfica, política, religiosa, ética, moral, etc., que se acercara a la verdadera génesis de su existencia, a los terribles orígenes de su aparición y a los escalofriantes medios utilizados para su implantación, siempre y cuando tal génesis, dichos orígenes y los mencionados medios no fueran ajustados a las necesidades impuestas.
Si hemos calificado al libro de marras como "para adultos", es porque sólo un lector responsable puede sacar una conclusión despojada de cualquier vehemencia que pueda ser alimentada por unos prejuicios que impidan el correcto análisis del resultado de la investigación. Como suele ocurrir en casos donde el terreno del fanatismo ideológico se suele interponer por encima del derecho a la información y de una perspectiva objetiva histórica, no faltarán las voces que opinen que el supuesto "fraude electoral" fue una causa, de entre otras, para justificar la violación sistemática de los derechos humanos que sobrevino con el golpe de estado de 1936. Y por los mismos motivos, tampoco dejarán de oírse las voces apresuradas de quienes, cegados por otro tipo de fanatismo ideológico bien diferenciado del anterior, acusen a priori a los autores de dicho trabajo de manipuladores de la historia.
Justificación de la violación sistemática de los derechos humanos versus acusación de manipulación histórica. Una vez más se repetirá la idea de los dos bandos tras la defensa a ultranza por unos sectores y el rechazo sin paliativos por otros, incluso antes de heberse leído el libro. Sólo la lectura y el estudio de la obra en cuestión, acompañados de futuras y nuevas investigaciones podrán ratificar, o no, las conclusiones de los autores de la obra. Por ahora, es lo que tenemos, pero nos parece de una imprudencia tan ligera como irreflexiva el artículo de Javier Redondo publicado en "Crónica", al afirmar categóricamente que "muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. '1936. Fraude y Violencia' lo es".
Más allá de esta opinión sesgada, y sufragada por el diario El Mundo, lo que sí se puede calificar como definitiva es la evidencia, más allá de cualquier libro: los muertos continúan en las cunetas y en las fosas comunes. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini" y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español" por ser un régimen "impuesto por la fuerza"; al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar; 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad; alrededor de 400.000 presos políticos fueron utilizados como trabajadores forzados por empresas que se lucraron con su esclavitud; las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron asesinados por los golpistas durante la Guerra y los primeros años de represión; la lista de víctimas es casi infinita, como por ejemplo las personas homosexuales, que fueron tratadas y reprimidas como enfermos.
La aparición de este libro no cambia la terrible realidad del golpismo español...
Por su interés, transcribimos el artículo de "Crónica", que aparece como noticia de portada en el número de hoy domingo, 12 de marzo, en el diario El Mundo:
Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y
desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además
de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos
historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han
reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.
Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras... En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, 'sólo de Azaña', como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.
Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.
Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra '1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular' (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los 'grandes mitos políticos del siglo XX'.
Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.
Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.
Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.
El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar 'su seguridad'-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.
Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.
El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.
En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).
El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP 'invitaron' al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. 'Ugetistas', 'cenetistas' y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los 'presos sociales' y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato 'radical' se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos 'fantasma' que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.
También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.
En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque 'ya se había hecho a puerta cerrada'.
En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. 'España se ha vuelto Coruña', escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución 'satisfactoria para las izquierdas'. Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.
Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.
El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba 'por supuesta'.
El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP 'no se dejaría arrebatar la victoria'; '¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?'. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, 'desembarazadas de impurezas', a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de 'un capitán de industria como March'.
Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.
¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.
El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su 'inteligencia política' no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la 'huida' de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó 'de facto' suspendido.
La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.
Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d'Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.
Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, 'la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana'. En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. '1936. Fraude y Violencia' lo es.".
Si hemos calificado al libro de marras como "para adultos", es porque sólo un lector responsable puede sacar una conclusión despojada de cualquier vehemencia que pueda ser alimentada por unos prejuicios que impidan el correcto análisis del resultado de la investigación. Como suele ocurrir en casos donde el terreno del fanatismo ideológico se suele interponer por encima del derecho a la información y de una perspectiva objetiva histórica, no faltarán las voces que opinen que el supuesto "fraude electoral" fue una causa, de entre otras, para justificar la violación sistemática de los derechos humanos que sobrevino con el golpe de estado de 1936. Y por los mismos motivos, tampoco dejarán de oírse las voces apresuradas de quienes, cegados por otro tipo de fanatismo ideológico bien diferenciado del anterior, acusen a priori a los autores de dicho trabajo de manipuladores de la historia.
Justificación de la violación sistemática de los derechos humanos versus acusación de manipulación histórica. Una vez más se repetirá la idea de los dos bandos tras la defensa a ultranza por unos sectores y el rechazo sin paliativos por otros, incluso antes de heberse leído el libro. Sólo la lectura y el estudio de la obra en cuestión, acompañados de futuras y nuevas investigaciones podrán ratificar, o no, las conclusiones de los autores de la obra. Por ahora, es lo que tenemos, pero nos parece de una imprudencia tan ligera como irreflexiva el artículo de Javier Redondo publicado en "Crónica", al afirmar categóricamente que "muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. '1936. Fraude y Violencia' lo es".
Más allá de esta opinión sesgada, y sufragada por el diario El Mundo, lo que sí se puede calificar como definitiva es la evidencia, más allá de cualquier libro: los muertos continúan en las cunetas y en las fosas comunes. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini" y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español" por ser un régimen "impuesto por la fuerza"; al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar; 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad; alrededor de 400.000 presos políticos fueron utilizados como trabajadores forzados por empresas que se lucraron con su esclavitud; las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron asesinados por los golpistas durante la Guerra y los primeros años de represión; la lista de víctimas es casi infinita, como por ejemplo las personas homosexuales, que fueron tratadas y reprimidas como enfermos.
La aparición de este libro no cambia la terrible realidad del golpismo español...
Por su interés, transcribimos el artículo de "Crónica", que aparece como noticia de portada en el número de hoy domingo, 12 de marzo, en el diario El Mundo:
"El 'pucherazo' del 36
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Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén,
donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado
gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a
puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde "la
victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo
del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de
votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA... Al
menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de
50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de '1936: Fraude y Violencia'.
El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, 'el fin del
último de los grandes mitos políticos del siglo XX'. 'España se ha
vuelto Coruña', dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se
generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la
República ejemplificaba 'esas póstumas y vergonzosas rectificaciones'
acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.
Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras... En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, 'sólo de Azaña', como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.
Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.
Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra '1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular' (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los 'grandes mitos políticos del siglo XX'.
Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.
Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.
Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.
El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar 'su seguridad'-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.
Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.
El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.
En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).
El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP 'invitaron' al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. 'Ugetistas', 'cenetistas' y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los 'presos sociales' y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato 'radical' se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos 'fantasma' que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.
También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.
En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque 'ya se había hecho a puerta cerrada'.
En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. 'España se ha vuelto Coruña', escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución 'satisfactoria para las izquierdas'. Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.
Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.
El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba 'por supuesta'.
El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP 'no se dejaría arrebatar la victoria'; '¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?'. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, 'desembarazadas de impurezas', a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de 'un capitán de industria como March'.
Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.
¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.
El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su 'inteligencia política' no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la 'huida' de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó 'de facto' suspendido.
La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.
Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d'Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.
Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, 'la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana'. En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. '1936. Fraude y Violencia' lo es.".
FUENTES:
http://www.elmundo.es/cronica/2017/03/12/58c3b8bb46163f9f338b457d.html
https://www.casadellibro.com/libro-1936-fraude-y-violencia-en-las-elecciones-del-frente-popular/9788467049466/4819298
http://jerezrecuerda.blogspot.com.es/2016/07/espana-1936-2016-80-anos-de-verguenza.html
https://acampadapermanentejerez.wordpress.com/2016/07/18/espana-1936-2016-80-anos-de-verguenza-de-un-pais/
http://www.publico.es/politica/ochenta-anos-impunidad-y-olvido.html
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