domingo, 17 de julio de 2016

ESPAÑA 1936-2016: 80 AÑOS DE VERGÜENZA DE UN PAÍS.

<<Para justificar (los golpistas) sus atropellos sobre la ciudadanía, utilizaron una red de propaganda con un lenguaje belicista llamando “enemigos” a sus objetivos civiles y declarando el “estado de guerra” mediante sus “Bandos de Guerra” para eliminar físicamente a cualquier ser humano que se enmarcara dentro de los epítetos “enemigo” y “rojo”, los cuales se habían convertido en la misma cosa>>. ( De la obra pionera "Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de estado militar de 1936. Una aproximación", finalizada en Jerez de la Frontera, a 10 de junio de 2005. Trabajo revisado y mejorado del presentado para las las XI Jornadas de Historia de Jerez, el 18 de noviembre de 2004. )
<<Para justificar (los golpistas) sus atropellos sobre la ciudadanía, utilizaron una red de propaganda con un lenguaje belicista llamando “enemigos” a sus objetivos civiles y declarando el “estado de guerra” mediante sus “Bandos de Guerra” para eliminar físicamente a cualquier ser humano que se enmarcara dentro de los epítetos “enemigo” y “rojo”, los cuales se habían convertido en la misma cosa>>. ( De la obra pionera "Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de estado militar de 1936. Una aproximación", finalizada en Jerez de la Frontera, el 10 de junio de 2005. Trabajo revisado y mejorado del presentado para las las XI Jornadas de Historia de Jerez, el 18 de noviembre de 2004 ).


LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO FRANQUISTA Y SUS FAMILIARES SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA... 


El franquismo reparó a sus caídos y familiares. Exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a los familiares. El dictador Francisco Franco tuvo memoria con los que le habían ayudado a llegar al poder. La democracia, en cambio, esperó treinta años para aprobar una tímida Ley de Memoria y cuarenta años después de la Transición democrática la mayor parte de los muertos sigue en las cunetas. De hecho, según los datos del auto del juez Garzón, en España hubo 114.226 desaparecidos de la Guerra. Como señaló el periodista Juan Carlos Escudier en un artículo publicado: "Con Franco se reparaba mejor." Eso sí, sólo a los suyos. 

El dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, ya terminada la Guerra, este decreto se extendió a las viudas, huérfanos y padres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”

El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. 

Como es apreciable la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. La otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedaba ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicana. 

En principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini" y que, por lo tanto,  "no representa al pueblo español" por ser un régimen "impuesto por la fuerza"

Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final; y una Ley de Memoria Histórica que descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández.

De esta manera, en el año 2016 los muertos (...) siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad.

Tampoco hay ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron 'ajusticiados' por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos.  

Pero el Estado de español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Pero es que al olvido sistemático, además, se han sumado declaraciones de responsables del Partido Popular vergonzantes. Ejemplos no faltan. 

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, señaló en un mitin que "los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién"; Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, dijo en un plató de televisión que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones"; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évole que no tiene "claro que sea cierto" que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno "pueda hacer nada para arreglarlo".

Son solo unos ejemplos de declaraciones que se añaden a los actos. Este jueves el Partido Popular de Cifuentes rechazó que el Pleno de la Asamblea de Madrid rindiera homenaje a las víctimas cuando se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil y unos meses antes, junto a Ciudadanos, había rechazado que la Puerta del Sol luciera una placa en recuerdo a todos los ciudadanos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad, cuya sede se emplazaba en la misma plaza. 


EL CONSEJO DE EUROPA CONDENA LAS "MÚLTIPLES Y GRAVES VIOLACIONES"

La política de impunidad practicada por el Estado español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la Comunidad Internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a España una y otra vez. 

En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. 

Diez años después, en 2016, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reprochó a España prácticamente lo mismo. Porque a pesar de la Ley de Memoria Histórica poco a cambiado en el país: hay menos monumentos a los golpistas, pero las cunetas siguen llenas de republicanos y sólo Argentina investiga los crímenes de la dictadura. 

De esta manera, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; que el alcance de la misma siga siendo "limitado" y su aplicación deficiente debido a la "falta de presupuesto"; y que se haya hecho "muy poco" para "investigar" y "sancionar a los responsables" debido, entre otros factores, "a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977"


LA ONU SACA LOS COLORES A ESPAÑA

Pero sin lugar a dudas ha sido la ONU la que, a través de sus diferentes organismos, más ha recordado a España que su política de Estado de impunidad atenta contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. 

Así, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 febrero de 2012 que España está obligada a "derogar" la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a "investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos".  

Una de las fechas más vergonzantes para España, en este largo camino para acabar con la impunidad de la dictadura, sucedió en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en 2014. España fue uno de los grandes protagonistas de este evento y no precisamente por su buen hacer. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo que practica la Justicia para que no se investiguen los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil.

Por una parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instó a España a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personen en las fosas comunes y se investigue de oficio todas las desapariciones forzadas. Apremió a que se proporcione "los fondos adecuados" para que la Ley de Memoria Histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados; insistió en la creación de una Comisión de la Verdad; y, por último, reclamó a España que colabore con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. 

Por otra parte, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, leyó en este Consejo de Derechos Humanos el informe que realizó tras su viaje a España. Una vez más, el Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables"

Greiff también instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía ya que, en la práctica, "cumple las funciones de una ley de punto final"; recalcó la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo; criticó que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil; y, por último, pidió al Gobierno que anulara todas las sentencias de los consejos sumarísimos. 

El Gobierno, por su parte, obvió todas estas recomendaciones y se limitó a decir en el mencionado Consejo de Derechos que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en "el olvido y el perdón" como única vía para "la reconciliación" y defendió que la Ley de Memoria Histórica era un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la había anulado de facto dejándola sin fondos.


VÍCTIMAS DESAMPARADAS

En marzo de 2015, ante la reiterada política de la impunidad del Gobierno de Mariano Rajoy, cuatro expertos de Naciones Unidas -el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputadas en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubria les imputa posibles crímenes de lesa humanidad. 

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirmaron los cuatro expertos. 

Por último, también el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2015, recordó al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos, también aquellos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, sean debidamente investigados y enjuiciados y que las víctimas sean resarcidas.

Pero ninguna de estas recomendaciones ha sido aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna. España sigue sin investigar los crímenes de la dictadura y sin colaborar con las autoridades judiciales de Argentina. Las víctimas, y sus familiares, de aquella Guerra siguen, a día de hoy, sin Justicia y sin reparación. En idéntica situación se encuentran los que sufrieron la tiranía del régimen filo fascista que nació de aquella Guerra. Pero es que los nacidos en democracia tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la Justicia investigue lo ocurrido en España durante aquellos años y a que una comisión de expertos, que cumpla los estándares internacionales, explique qué ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Son los datos de la vergüenza de un país.

Bando del genocida Salvador de  Arizón  donde justifica  y  hace público  el  asesinato  de  dos trabajadores en Jerez  de la Frontera... El silencio cómplice, y el doble juego de los diferentes gobiernos democráticos del Ayuntamiento de Jerez sobre la cuestión del genocidio golpista en nuestra ciudad han hecho que el problema de los derechos humanos haya sido siempre una asignatura pendiente e incómoda para los gobernantes de este municipio castigado por la barbarie criminal de los sublevados de julio de 1936...
Bando del genocida Salvador de  Arizón  donde justifica  y  hace público  el  asesinato
de dos trabajadores en Jerez  de la Frontera... El silencio cómplice, y el doble juego 
de los diferentes gobiernos democráticos del Ayuntamiento de Jerez sobre la cuestión
del genocidio golpista en nuestra ciudad han hecho que el problema de los derechos 
humanos haya sido siempre una asignatura pendiente e incómoda para los gobernantes
de este municipio castigado por la barbarie criminal de los sublevados de julio de 1936...







domingo, 27 de septiembre de 2015

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936. “JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.



EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936.

JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.

Tras la noticia publicada y difundida en diferentes medios sobre la cesión que hace el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera del espacio público conocido como “Sala Compañía” para la celebración de un acto homenaje a José María Pemán, que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” considera que dicha cesión puede rozar la ilegalidad, tal y como se puede comprobar revisando la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, la cual posee en su redacción una serie de artículos previstos para su cumplimiento entre los que se encuentra el artículo 15 enunciado como “Símbolos y monumentos públicos”, donde en su primer apartado se especifica que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”... Apartado éste y artículo aquél por los que se decidió en su día retirar el busto de este personaje histórico del vestíbulo del espacio público conocido como “Teatro Villamarta” para dar –como afirmamos arriba- cumplimiento a esta Ley.

Todo el mundo comprendió entonces -salvo los familiares, por razones obvias, y aquellas entidades o personas defensoras de la dictadura franquista- que no se podía desvincular al personaje homenajeado permanentemente mediante la exposición de un busto con su legado público, cuando gran parte de ese legado, precisamente, está relacionado con un sistema absolutamente violento, y cuyo ‘modus operandi’ era la represión, la tortura y el asesinato hasta los límites que permiten que esos hechos sean conocidos como genocidio o crímenes de lesa humanidad.

¿Cómo se puede entender entonces esta contradicción? Porque el hecho de retirar una escultura de un espacio público mediante una argumentación legal, al tiempo que se permite realizar poco después, y en un espacio público diferente, un homenaje al mismo individuo representado en aquélla es un contrasentido que ayuda a confundir y que contribuye a mantener unas posiciones inmovilistas bastante conservadoras, y muy parecidas a la de la legislatura de la exalcaldesa Pilar Sánchez con respecto a uno de los temas pendientes del Ayuntamiento de Jerez -esto es, la memoria histórica de las víctimas del genocidio ‘franquista’-, ensombreciendo por tanto los escasos gestos realizados por este Gobierno Municipal.

No es de extrañar, por tanto, que el hasta ahora limitado compromiso de la Alcaldía de Jerez en esta materia vaya en armoniosa sintonía con una línea histórica municipal demasiado desinteresada y evasiva a lo largo del período conocido como “democrático” que se ha expresado mediante una gran paradoja que hunde sus raíces en el legado de la denominada “justicia al revés” que los golpistas también inocularon en el sistema democrático español actual a través de una transición a la democracia bastante pobre y cuestionada actualmente, mucho más fuera de los círculos institucionales españoles que desde su interior. Y que ello debe de tener una explicación sencilla, aunque parezca que haya que buscarla irónicamente en un universo mágico paralelo, ajeno a la cruda realidad de una falta de compromiso más serio con la defensa de los derechos humanos y con la dignificación de las víctimas de la violencia genocida que se impuso en el municipio tras el golpe de estado de julio de 1936.

Lo cierto es que no es un secreto que Pemán alentó con orgullo y sin vergüenza en muchos de sus escritos y alocuciones para el exterminio de una parte de la población, y lo demostró activamente también al ponerse, desde un primer momento, bajo las órdenes del comandante golpista Marqués de Casa Arizón, y posteriormente, participando en los incipientes órganos golpistas represivos. Y salvando los matices étnico-geográficos, se puede afirmar que el hecho institucional de permitir el acto que denunciamos sería semejante, por ejemplo, a que el gobierno municipal de alguna localidad alemana cediera unas instalaciones públicas para homenajear a cualquier jerarca nazi influyente del III Reich, sólo porque dicho personaje tuviera algunas facetas personales artísticas. Y lo afirmamos con todo el respeto hacia los familiares del personaje histórico que cuestionamos, porque en realidad también ellos son víctimas de las circunstancias a las que tal vez hayan sido arrastrados por terceros a causa de intereses partidistas.

¿Cómo se explica entonces dicha paradoja? Sabemos que la máxima responsabilidad de la cesión de la Sala Compañía para este funesto homenaje recae directamente en la Delegación de Cultura y, por encima de ella, en la Alcaldía, sin olvidarnos de que hay que partir de la base de la existencia de una mínima coordinación entre los diferentes equipos técnicos y las delegaciones municipales oportunas. La conclusión a la que llegamos, pues, nos lleva a afirmar que, o bien existe un gran agujero en la escala de mandos del Ayuntamiento que impide una coordinación y fluidez en la información entre departamentos y delegaciones -y que repercute negativamente en los derechos de la ciudadanía-, o bien, nos hallamos ante la existencia de unos intereses político-económicos demasiado poderosos que impiden que la Alcaldía de Jerez actúe conforme a la legislación vigente en materia de derechos humanos.

Tampoco consideramos que los políticos del Gobierno Municipal sean menores de edad o estúpidos como para pasar por alto la difusión de este agravio a las víctimas del genocidio golpista, a la de sus familiares y a la idea real -no etérea- de la defensa de los derechos humanos con todas sus consecuencias. La inexistencia de una línea coherente y de un compromiso continuo, sumados a la aplicación regular de la táctica consistente en dar “una de cal y otra de arena” puede definir lamentablemente, y como en otras ocasiones anteriores, la praxis municipal jerezana a la hora de implementar acciones y temas relacionados con nuestro trabajo que pueden llegar a interferir peligrosamente en la búsqueda de la verdad y la justicia, pudiéndose actuar por ello como sepultureros activos de la historia.

El paso dado por el Gobierno Municipal, al ceder unas instalaciones públicas para un acto que se podría haber organizado perfectamente en un espacio privado -evitándose también, y de esta manera, la sensación de que lo único que interesa a la organización del evento es buscar un golpe de efecto político tras el anuncio de la acertada retirada del busto de Pemán del Teatro Villamarta- es un gran retroceso que nos situaría una vez más en el punto cero de la defensa de los derechos humanos en el municipio jerezano, que sólo podría ser enmendado en parte con una asunción de responsabilidades -con su correspondiente reflexión y reconocimiento sincero del error-, y con una cancelación inmediata del evento por motivos más que justificados.

En conclusión, se puede decir que no es suficiente la afirmación oficial irrisoria de que el homenaje no es un acto político; no es tampoco admisible que la aberrante complicidad y activismo de José María Pemán en los sucesos que siguieron al golpe genocida de julio de 1936 se intente ocultar con unos argumentos culturalistas hartamente denunciados por nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” porque con ello, en realidad, también se pretende maquillar no sólo la cara más siniestra del homenajeado, sino la de los miles de cadáveres que todavía hoy en día esperan ser exhumados de las fosas comunes, víctimas de la locura y la sinrazón.

Jerez de la Frontera, a 27 de septiembre de 2015



Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”  



miércoles, 26 de agosto de 2015

LA ASOCIACIÓN “JEREZ RECUERDA” SE PRESENTARÁ, SI ES REQUERIDA, PARA DECLARAR COMO TESTIGO DE QUE LA COMPLICIDAD DE JOSÉ MARIÁ PEMÁN EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE INSTIGACIÓN A LOS MISMOS FUE UN HECHO HISTÓRICO MÁS QUE EVIDENTE.



En relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación locales sobre la posible demanda judicial que la familia de José María Pemán quiere interponer contra la concejala del Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández de Cosa, como consecuencia de unas declaraciones suyas que hizo para defender y justificar el acertado acuerdo municipal de retirada del busto de este personaje del espacio público jerezano conocido como Teatro Villamarta en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ‘por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’, y más allá de cualquier otra consideración de tipo político o etimológico subjetivamente interpretable, que pueda desviar el verdadero sentido de la trascendencia de la aplicación de la mencionada Ley en el Municipio de Jerez de la Frontera, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”, expone las siguientes CONSIDERACIONES:

1)      Que, a pesar de comprender a los descendientes directos de la familia de José María Pemán, e intentar empatizar humanamente con ellos, deben de entender que están obligados por partida doble a asumir cualquier decisión relacionada con la retirada de dicho nombre de cualquier espacio público. Por un lado porque la Ley obliga, y por el otro, porque si existe una obligación legal es debido a que la corresponsabilidad y complicidad de dicho personaje histórico y público en el golpe de estado de julio de 1936, así como en el genocidio franquista, es un hecho probado que nadie puede negar a estas alturas, más allá, como afirmamos arriba, de cualquier consideración de tipo político o etimológico de las palabras empleadas por la concejala.

2)      Que no existe ninguna excusa o mérito de tipo "culturalista", o de cualquier otro, para defender a ningún personaje histórico involucrado en la propaganda de unos hechos históricos condenables y conocidos internacionalmente, cuya impunidad en el Estado español ha sido más que evidente gracias a la  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que exoneró de toda culpa a los responsables directos y a todos sus cómplices de los delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en gran parte de la Península Ibérica tras el golpe de estado de julio de 1936, durante el período de conflicto bélico conocido como “Guerra Civil” y tras él, durante la dictadura de Francisco Franco Bahamonde.

3)      Que alentamos a la Comisión Ejecutiva Local del Gobierno Municipal de Jerez de la Frontera, a todos los grupos políticos, a todas las organizaciones sociales, a todas las víctimas, o familiares de víctimas del golpe de estado de 1936 y de su posterior dictadura, y a la ciudadanía consciente en general, a que realicen acciones de autoinculpación en caso de que prospere absurdamente cualquier demanda judicial encaminada paradójicamente a criminalizar, cuestionar o mancillar el honor y la dignidad de cualquier persona por denunciar públicamente los actos criminales de lesa humanidad cometidos por los golpistas, o por sus cómplices.
  
4)      Que invitamos a los profesionales de la abogacía a que ejerzan con honestidad la defensa de los derechos humanos y de la legalidad vigente, evitando la caída en la trampa mediática que supone el defender casos cuya trascendencia puede acabar relacionada con un posicionamiento ideológico más que legalista.

5)      Que nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” se solidariza con la concejala Ana Fernández y acudirá, si es necesario -y si es requerida- a testificar sobre la complicidad del mencionado personaje histórico con el golpe de estado de 1936, y por tanto, con todos los hechos acaecidos como consecuencia de la “limpieza” genocida implícita en el programa de los golpistas.


Lo que ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación en Jerez de la Frontera, a 26 de agosto de 2015



ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA “JEREZ RECUERDA”



jueves, 29 de septiembre de 2011

SE ENCUENTRA AL FIN LA FOSA DE EL MARRUFO EN JEREZ DE LA FRONTERA


Según noticias llegadas a esta Asociación, y publicadas en diferentes medios de comunicación, se han hallado indicios de la conocida fosa del Cortijo El Marrufo. Una evidencia dramática de algo que se ha querido ocultar durante décadas y que diferentes asociaciones y personas llevamos años denunciando. Desde la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda" hemos de señalar que nos congratulamos del hallazgo científico e instamos a que estos trabajos no se vean limitados por la política de subvención que practican normalmente las diferentes administraciones públicas y que el estado tome directamente cartas en el asunto, poniendo todos los medios para la exhumación íntegra no sólo de esta fosa, sino de todas las que aún permanecen ocultas a estas alturas del siglo XXI.

Consideramos que la cuestión de las fosas comunes en el estado español es una de las asignaturas pendientes de una democracia que ha mirado siempre hacia otro lado cuando se trata de poner sobre la mesa la verdadera naturaleza genocida del golpe de estado de 1936 y de la de su posterior dictadura franquista. A estas alturas, las palabras y expresiones utilizadas bajo las denominaciones de "guerra civil", "lucha entre hermanos", "dos bandos", "estado de guerra", y muchas otras usadas para enmascarar la realidad, no son más que deformaciones monstruosas del lenguaje para ocultar el plan de exterminio que habían diseñado y puesto en práctica los golpistas del 36 para acabar con una parte de la población española que incomodaba para la creación de un nuevo estado amoldable a los intereses de los sediciosos.

La fosa de la Finca El Marrufo es una muestra más de la sistemática violación de los derechos humanos que se implementó una vez iniciado el mencionado golpe de estado, con objetivos claros de eliminación de grupos humanos a los que se les consideraron adversarios, y relacionados con el republicanismo o con las ideologías afines a los movimientos anarquistas, socialistas o comunistas, y otros vinculados a las ideas progresistas, entre los cuales se ha podido demostrar en diferentes ocasiones que la edad y el género de las víctimas no era un obstáculo para los golpistas.

Adjuntamos enlace de la noticia para quienes estén interesados:

http://www.elpais.com/articulo/espana/rastro/balas/permite/hallar/gran/fosa/Jerez/elpepunac/20110929elpepinac_21/Tes

lunes, 25 de julio de 2011

ID PREPARANDO SEPULTURAS: 75 AÑOS SIN JUSTICIA


Se cumple en estos días el 75 aniversario de la ejecución de un plan de exterminio que ha sido ocultado por la historia oficial, y el de un discurso que define el carácter genocida de los golpistas de julio de 1936 que llevaron a cabo dicho plan...
En el prólogo que hace el historiador británico Paul Preston del libro de Francisco Espinosa, “La Justicia de Queipo”, define al genocida general Gonzalo Queipo de Llano, entre otras cosas, como “un hombre cuyas emisiones radiofónicas nocturnas alentaban el asesinato y la violación”, y señala que el autor de este trabajo “nos proporciona la mentalidad de los golpistas y de sus secuaces, los asesinos, ladrones y violadores que, fingiendo hacer la ‘limpieza’, cometieron todo tipo de atropellos en el nombre de la Patria...
Todo ello, escrito de esta manera por la pluma de este afamado historiador, pudiera parecer suficiente para hacernos una ligera idea de cómo podría ser el talante de un individuo que en nada se alejaba de los discursos, las ideas y psicopatía criminales que alimentaban, por ejemplo, el espíritu del mismo Adolf Hitler, del mismo modo que lo hacen también todos los movimientos autoritarios que se han fundamentado tradicionalmente en el odio basado en una supuesta supremacía de cualquier índole.
Pero sin ánimo de infravalorar las palabras y análisis de quienes se llevan gran parte de su vida en el terreno de la investigación histórica -e incluso de nuestros particulares testimonios y los de las víctimas y sus familiares- hemos visto conveniente rescatar parte de un discurso pronunciado por este genocida para ilustrar directamente, y con toda su crudeza, el talante asesino de quienes promovieron, ejecutaron y apoyaron el golpe de estado y la posterior dictadura que siguió al mismo.
Si ya es sorprendente que exista unas evidencias tan despiadadas y claras como para condenar a unos gospistas que se han paseado por la Península Ibérica asesinando impunemente, más lo es aún la triste realidad que nos muestra cómo los políticos españoles se jactan de ser verdaderos demócratas al mismo tiempo que se niegan a condenar el golpismo del 36 y vuelven la cara cuando se les plantea asumir la responsabilidad seria de aceptar la defensa de los derechos humanos y denunciar el plan de exterminio que llevaron a cabo aquellos a quienes se niegan condenar.
Dicho discurso al que nos referimos, fue pronunciado por este criminal de guerra el 23 de julio de 1936, y entre otras cosas decía:
"Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas¡ Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciéreis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad.
¿Qué haré? pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.
Nuestros valientes legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre?. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen (...)
Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar".
Tras la lectura de estas palabras, que nos hemos visto obligados a rescatar nuevamente para la ocasión, sólo nos queda por decir que todo lo que se añada, en cuanto a opinión y análisis de lo que se muestra, sería una redundancia que sobra en estos momentos. Quien no quiera ver, no verá... La cuestión es la siguiente: ¿Por qué no se quiere ver y quiénes son los que no quieren ver?
Jerez de la Frontera, a 23 de julio de 2011


lunes, 7 de marzo de 2011

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.



COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA “JEREZ RECUERDA”

El presente comunicado se ha dado a conocer en el día de hoy, mediante su lectura por el Secretario de nuestra Asociación en rueda de prensa, para anunciar el acto en homenaje a Carmen Hombre Ponzoa que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo en la Casa de las Mujeres:

"Este año, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica 'Jerez Recuerda', presentará su segunda mesa redonda sobre el ciclo 'Mujeres y Memoria Histórica' que se inició el año pasado, y cuyo objetivo principal es dar a conocer historias y biografías de mujeres de Jerez y de la provincia que fueron víctimas del golpe de estado de 1936 y de la posterior dictadura franquista. En esta ocasión, y en homenaje a Carmen Hombre Ponzoa, lleva el título de 'La Represión del Magisterio tras el Golpe de Estado de 1936. Carmen Hombre Ponzoa: Memoria de una Maestra Asesinada'.
Con esta conferencia, nuestra Asociación quiere rendir un homenaje a la figura de esta ilustre maestra, y la labor de regeneración del sistema educativo que realizaron los maestros y maestras de la Segunda República, y que pasaba por la asunción de valores basados en la tolerancia, la libertad, la igualdad y la fe en el progreso. Un proyecto educativo revolucionario que se planteaba una nueva relación de igualdad y respeto, tanto entre maestros y alumnos, como entre los alumnos y alumnas. Un proyecto que fue abortado y perseguido por los artífices del golpe de estado, siendo el Magisterio uno de los sectores de la sociedad española más reprimido y castigados por las ilegítimas e ilegales 'autoridades' emergentes de dicho golpe de estado que hizo volver a la caduca y moralista mentalidad educativa, en donde la coeducación o emparejamiento escolar estaba considerada un delito contra la salud del pueblo.
Por otro lado, denunciamos lo que supuso para los derechos de las mujeres el golpe de estado, la guerra que generó y la instauración de la dictadura militar. Para las mujeres represaliadas, supuso persecución, cárceles, torturas, vejaciones públicas y privadas y, en muchos casos, la propia muerte. Para el resto de las mujeres españolas, la Ley de 12 de marzo de 1938 restableció oficialmente el Código Civil de 1889 que significó la vuelta a la total discriminación de la mujer y su sometimiento a la tutela del varón.
Con el régimen dictatorial que surgió tras el golpe de estado, todas las cuestiones relacionadas con la mujer –educación, legislación, derecho al trabajo, etc...- recayeron en los sectores más reaccionarios, antifeministas y más partidarios de la conservación de la mujer como esclava doméstica.
Hasta hace muy pocos años, apenas se hacía referencia a la presencia femenina como una parte más del conjunto de aquellos acontecimientos, tanto a nivel local como estatal. Tanto es así, que el rescate de las biografías de muchas de estas mujeres represaliadas ha supuesto mucho esfuerzo y años de trabajo para los investigadores e investigadoras.Entre otras razones, por la invisibilidad histórica y social impuesta por los historiadores y los artífices del régimen dictatorial contra las mujeres en general y, particularmente, contra aquellas que defendieron activamente unas ideas emancipadoras que nunca interesaron en absoluto a aquellos sectores de la sociedad que han considerado históricamente a la mujer como una simple herramienta del hogar.
Uno de los objetivos de nuestra Asociación es hacer justicia histórica con las personas represaliadas y con sus familiares; y una de las formas de hacer justicia histórica es mediante la rehabilitación de sus nombres y sus reputaciones, dando a conocer entre la población sus historias y la labor social o política que estas personas realizaron durante su vida.
En esta segunda edición, para el desarrollo de esta Mesa Redonda, hemos elegido la figura de Carmen Hombre Ponzoa, una maestra socialista, de religión protestante, militante de la U.G.T., y que fue asesinada en estado de gestación. Para ilustrarnos sobre este personaje histórico, sobre su obra, su vida y su muerte, hemos contado este año con cuatro personas que, desde diferentes puntos de vista, nos explicarán, por un lado la situación del magisterio tras el golpe de estado de 1936, y la de los maestros y maestras represaliados en general, y por otro lado, nos desvelerán datos sobre el personaje al que durante estos días rendimos homenaje.
Para finalizar, sólo nos resta decir que invitamos a todas las personas, y especialmente a las mujeres, al mencionado acto para que conozcan la historia de una gran mujer que lo dio todo (su esfuerzo, su tranquilidad, su libertad...) por sus ideales altruistas, que consistían en mejorar la situación de las mujeres y la de la clase trabajadora en general".

Jerez de la Frontera, a 07 de marzo de 2011.

domingo, 6 de marzo de 2011

ACTO HOMENAJE EN MEMORIA DE CARMEN HOMBRE PONZOA




LUGAR: Casa de las Mujeres. Calle Liebre, 23. Jerez de la Frontera.
FECHA: 10 de marzo de 2011.
HORA: 19:30
PARTICIPAN: José Aquiles Pettengui Lachambre, María José Ruiz Piñero, Elías Py Rodríguez y Juan Máximo Hombre.
ORGANIZA: Asociación para la Recuperación de la Juticia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda".
COLABORA: Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.