lunes, 23 de enero de 2017

III CICLO DE CINE E HISTORIA: LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, DESDE EL DOCUMENTAL Y LA FICCIÓN




III CICLO DE CINE E HISTORIA
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: DESDE EL DOCUMENTAL Y LA FICCIÓN

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo ha organizado el III Ciclo de Cine e Historia con el título "La Guerra Civil Española: desde el documental y la ficción" que dará comienzo este próximo jueves 26 de enero con la proyección del documental "Morir en Madrid".
 
Según esta Asociación, el género cinematográfico del documental aún no ha formado parte de la programación de sus Ciclos de cine e historia. Por otro lado, la Filmoteca Española realizó este año un ciclo de cine sobre “España 1936-1939: la Guerra filmada” con motivo del 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española.

Siguiendo estas reflexiones, el próximo jueves 26 de enero se inaugura el III Ciclo de cine e historia, al que se ha denominado La Guerra Civil Española: desde el documental y la ficción, con el documental Morir en Madrid, realizado por el cineasta francés de origen yugoslavo Frédéric Rossif en 1963.

Este nuevo ciclo continuará en el mes de febrero con una segunda sesión que, dentro de la temática propuesta, se dedicará al cine de ficción con la interesante y controvertida película “Rojo y negro”, de Carlos Arévalo, del año 1942.

En marzo, se volverá al documental con “Extranjeros de sí mismos”, realizado en 2001 por dos cineastas españoles, José Luis López Linares, conocido documentalista autor de “Jerez y el misterio del palo cortado”, y Javier Rioyo. Como cierre del ciclo, en el mes de abril, se proyectará “Tierra y Libertad”, del británico Ken Loach, película realizada en 1994, basada en hechos históricos reales.

Pero volviendo al documental que nos ocupa (Morir en Madrid), éste se podrá ver el próximo jueves, 26 de enero en el Salón de Actos de la ONCE (Calle Gaitán), a las 6 de la tarde, comenzando la sesión con una breve explicación del contexto histórico en que se desarrollan los acontecimientos de las películas que conforman el ciclo, a cargo de José Antonio Mingorance. Seguidamente se realizará una reseña cinematográfica, por parte de María Luisa Ripalda, del documental “Morir en Madrid”. Este formato se repetirá en las tres restantes sesiones, como viene siendo habitual en estos ciclos, con el objetivo de enriquecer el visionado del filme.

Según ha llegado a escribir José Antonio Mingorance,  "el reinado de Alfonso XIII supone la crisis definitiva de la Restauración por varios motivos: las guerras de Marruecos, la caída del bipartidismo, la desmovilización política, el crecimiento del movimiento obrero, el auge de los nacionalismos periféricos, etc… El apoyo del rey a la Dictadura de Primo de Rivera vendrá a suponer el principio del fin de la monarquía. El 14 de abril de 1931 se inicia la Segunda república española que surge en un contexto económico muy difícil (años de la Gran Depresión) y con unas altas expectativas entre algunas capas de la población (en especial de los más desfavorecidos) que eran inasumibles por el Gobierno. La oposición frontal de las fuerzas más conservadoras se manifestará en el golpe de Sanjurjo y la organización de la Falange y otros grupos de la extrema derecha".

De este modo, concluye Mingorance, afirmando que "las fuerzas reaccionarias se unirán para promover un golpe de Estado el 18 de julio de 1936 que, al fracasar, se habría de convertir (también por el apoyo exterior) en una larga y sangrienta guerra civil, que sólo terminaría con la derrota de las fuerzas republicanas (se debería decir que la guerra no termina el 1 de abril del 39: la represión franquista fue muy dura y larga) y el inicio de un régimen dictatorial que sumergiría al país en una de sus noches más largas hasta 1975..." 

Por su parte, María Luisa Ripalda, nos recuerda que "el documental Morir en Madrid fue realizado por Fréderic Rossif en el año 1963. El director francés registra los hechos acaecidos en la Guerra Civil Española desde sus antecedentes, con la instauración de la República en 1931, hasta su desenlace en 1939, con la derrota de la República y el triunfo de Franco. Cuenta con una inolvidable banda sonora firmada por el músico Maurice Jarre..." 




Fuentes:

https://www.facebook.com/248379331955056/photos/pb.248379331955056.-2207520000.1485165220./1068723849920596/?type=3&theater


domingo, 8 de enero de 2017

FALLECE EL FILÓSOFO LIBERTARIO JOSÉ LUIS GARCÍA RÚA, LÍDER DE LA CNT EN LOS 80


FALLECE EL FILÓSOFO LIBERTARIO JOSÉ LUIS GARCÍA RÚA, LÍDER DE LA CNT EN LOS 80.

CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, TENÍA 93 AÑOS. EL SINDICATO, AL QUE SE AFILIÓ EN 1969 Y DEL QUE FUE SECRETARIO GENERAL, DESTACA SU LABOR COMO ESCRITOR Y PROFESOR.

José Luis García Rúa, que fue secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y catedrático emérito de la Universidad de Granada (UGR), ha fallecido a los 93 años, según ha informado fuentes próximas a su familia.

El óbito tuvo lugar el pasado día viernes, 06 de enero, y su cuerpo trasladado al Cementerio de San José de Granada, donde fue inhumado al día siguiente acompañado de centenares de personas relacionadas con el mundo cultural, universitario, intelectual, sindicalista, libertario y de la  recuperación de la memoria histórica...

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, ha mostrado a través de su perfil en la red social Twitter su "más sentido pésame" a los familiares y amigos del que fuera catedrático emérito de Filosofía.

La CNT, en su página en Facebook, también ha lamentado el fallecimiento de este militante de Granada, que llevaba afiliado al sindicato desde 1969 y quien en los años ochenta asumió la secretaría general de la central anarcosindicalista.

Esta confederación destacó además la "larga trayectoria libertaria" del gijonés García Rúa, compaginada con su labor de filósofo, escritor y profesor.




FUENTES:

http://www.publico.es/politica/fallece-garcia-rua-cnt.html

http://granada.cnt.es/content/ha-fallecido-jos%C3%A9-luis-garc%C3%ADa-r%C3%BAa

https://twitter.com/PilarArandaUGR/status/817314853606060032?ref_src=twsrc%5Etfw


domingo, 17 de julio de 2016

ESPAÑA 1936-2016: 80 AÑOS DE VERGÜENZA DE UN PAÍS.

<<Para justificar (los golpistas) sus atropellos sobre la ciudadanía, utilizaron una red de propaganda con un lenguaje belicista llamando “enemigos” a sus objetivos civiles y declarando el “estado de guerra” mediante sus “Bandos de Guerra” para eliminar físicamente a cualquier ser humano que se enmarcara dentro de los epítetos “enemigo” y “rojo”, los cuales se habían convertido en la misma cosa>>. ( De la obra pionera "Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de estado militar de 1936. Una aproximación", finalizada en Jerez de la Frontera, a 10 de junio de 2005. Trabajo revisado y mejorado del presentado para las las XI Jornadas de Historia de Jerez, el 18 de noviembre de 2004. )
<<Para justificar (los golpistas) sus atropellos sobre la ciudadanía, utilizaron una red de propaganda con un lenguaje belicista llamando “enemigos” a sus objetivos civiles y declarando el “estado de guerra” mediante sus “Bandos de Guerra” para eliminar físicamente a cualquier ser humano que se enmarcara dentro de los epítetos “enemigo” y “rojo”, los cuales se habían convertido en la misma cosa>>. ( De la obra pionera "Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe de estado militar de 1936. Una aproximación", finalizada en Jerez de la Frontera, el 10 de junio de 2005. Trabajo revisado y mejorado del presentado para las las XI Jornadas de Historia de Jerez, el 18 de noviembre de 2004 ).


LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO FRANQUISTA Y SUS FAMILIARES SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA... 


El franquismo reparó a sus caídos y familiares. Exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a los familiares. El dictador Francisco Franco tuvo memoria con los que le habían ayudado a llegar al poder. La democracia, en cambio, esperó treinta años para aprobar una tímida Ley de Memoria y cuarenta años después de la Transición democrática la mayor parte de los muertos sigue en las cunetas. De hecho, según los datos del auto del juez Garzón, en España hubo 114.226 desaparecidos de la Guerra. Como señaló el periodista Juan Carlos Escudier en un artículo publicado: "Con Franco se reparaba mejor." Eso sí, sólo a los suyos. 

El dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, ya terminada la Guerra, este decreto se extendió a las viudas, huérfanos y padres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. 

El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. 

Como es apreciable la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. La otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedaba ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicana. 

En principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini" y que, por lo tanto,  "no representa al pueblo español" por ser un régimen "impuesto por la fuerza". 

Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final; y una Ley de Memoria Histórica que descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández.

De esta manera, en el año 2016 los muertos (...) siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad.

Tampoco hay ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron 'ajusticiados' por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos.  

Pero el Estado de español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Pero es que al olvido sistemático, además, se han sumado declaraciones de responsables del Partido Popular vergonzantes. Ejemplos no faltan. 

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, señaló en un mitin que "los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién"; Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, dijo en un plató de televisión que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones"; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évole que no tiene "claro que sea cierto" que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno "pueda hacer nada para arreglarlo".

Son solo unos ejemplos de declaraciones que se añaden a los actos. Este jueves el Partido Popular de Cifuentes rechazó que el Pleno de la Asamblea de Madrid rindiera homenaje a las víctimas cuando se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil y unos meses antes, junto a Ciudadanos, había rechazado que la Puerta del Sol luciera una placa en recuerdo a todos los ciudadanos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad, cuya sede se emplazaba en la misma plaza. 


EL CONSEJO DE EUROPA CONDENA LAS "MÚLTIPLES Y GRAVES VIOLACIONES"

La política de impunidad practicada por el Estado español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la Comunidad Internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a España una y otra vez. 

En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. 

Diez años después, en 2016, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reprochó a España prácticamente lo mismo. Porque a pesar de la Ley de Memoria Histórica poco a cambiado en el país: hay menos monumentos a los golpistas, pero las cunetas siguen llenas de republicanos y sólo Argentina investiga los crímenes de la dictadura. 

De esta manera, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; que el alcance de la misma siga siendo "limitado" y su aplicación deficiente debido a la "falta de presupuesto"; y que se haya hecho "muy poco" para "investigar" y "sancionar a los responsables" debido, entre otros factores, "a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977". 


LA ONU SACA LOS COLORES A ESPAÑA

Pero sin lugar a dudas ha sido la ONU la que, a través de sus diferentes organismos, más ha recordado a España que su política de Estado de impunidad atenta contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. 

Así, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 febrero de 2012 que España está obligada a "derogar" la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a "investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos".  

Una de las fechas más vergonzantes para España, en este largo camino para acabar con la impunidad de la dictadura, sucedió en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en 2014. España fue uno de los grandes protagonistas de este evento y no precisamente por su buen hacer. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo que practica la Justicia para que no se investiguen los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil.

Por una parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instó a España a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personen en las fosas comunes y se investigue de oficio todas las desapariciones forzadas. Apremió a que se proporcione "los fondos adecuados" para que la Ley de Memoria Histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados; insistió en la creación de una Comisión de la Verdad; y, por último, reclamó a España que colabore con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. 

Por otra parte, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, leyó en este Consejo de Derechos Humanos el informe que realizó tras su viaje a España. Una vez más, el Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables". 

Greiff también instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía ya que, en la práctica, "cumple las funciones de una ley de punto final"; recalcó la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo; criticó que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil; y, por último, pidió al Gobierno que anulara todas las sentencias de los consejos sumarísimos. 

El Gobierno, por su parte, obvió todas estas recomendaciones y se limitó a decir en el mencionado Consejo de Derechos que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en "el olvido y el perdón" como única vía para "la reconciliación" y defendió que la Ley de Memoria Histórica era un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la había anulado de facto dejándola sin fondos.


VÍCTIMAS DESAMPARADAS

En marzo de 2015, ante la reiterada política de la impunidad del Gobierno de Mariano Rajoy, cuatro expertos de Naciones Unidas -el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputadas en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubria les imputa posibles crímenes de lesa humanidad. 

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirmaron los cuatro expertos. 

Por último, también el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2015, recordó al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos, también aquellos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, sean debidamente investigados y enjuiciados y que las víctimas sean resarcidas.

Pero ninguna de estas recomendaciones ha sido aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna. España sigue sin investigar los crímenes de la dictadura y sin colaborar con las autoridades judiciales de Argentina. Las víctimas, y sus familiares, de aquella Guerra siguen, a día de hoy, sin Justicia y sin reparación. En idéntica situación se encuentran los que sufrieron la tiranía del régimen filo fascista que nació de aquella Guerra. Pero es que los nacidos en democracia tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la Justicia investigue lo ocurrido en España durante aquellos años y a que una comisión de expertos, que cumpla los estándares internacionales, explique qué ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Son los datos de la vergüenza de un país.

Bando del genocida Salvador de  Arizón  donde justifica  y  hace público  el  asesinato  de  dos trabajadores en Jerez  de la Frontera... El silencio cómplice, y el doble juego de los diferentes gobiernos democráticos del Ayuntamiento de Jerez sobre la cuestión del genocidio golpista en nuestra ciudad han hecho que el problema de los derechos humanos haya sido siempre una asignatura pendiente e incómoda para los gobernantes de este municipio castigado por la barbarie criminal de los sublevados de julio de 1936...
Bando del genocida Salvador de  Arizón  donde justifica  y  hace público  el  asesinato
de dos trabajadores en Jerez  de la Frontera... El silencio cómplice, y el doble juego 
de los diferentes gobiernos democráticos del Ayuntamiento de Jerez sobre la cuestión
del genocidio golpista en nuestra ciudad han hecho que el problema de los derechos 
humanos haya sido siempre una asignatura pendiente e incómoda para los gobernantes
de este municipio castigado por la barbarie criminal de los sublevados de julio de 1936...







domingo, 27 de septiembre de 2015

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936. “JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.



EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936.

“JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.

Tras la noticia publicada y difundida en diferentes medios sobre la cesión que hace el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera del espacio público conocido como “Sala Compañía” para la celebración de un acto homenaje a José María Pemán, que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” considera que dicha cesión puede rozar la ilegalidad, tal y como se puede comprobar revisando la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, la cual posee en su redacción una serie de artículos previstos para su cumplimiento entre los que se encuentra el artículo 15 enunciado como “Símbolos y monumentos públicos”, donde en su primer apartado se especifica que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”... Apartado éste y artículo aquél por los que se decidió en su día retirar el busto de este personaje histórico del vestíbulo del espacio público conocido como “Teatro Villamarta” para dar –como afirmamos arriba- cumplimiento a esta Ley.

Todo el mundo comprendió entonces -salvo los familiares, por razones obvias, y aquellas entidades o personas defensoras de la dictadura franquista- que no se podía desvincular al personaje homenajeado permanentemente mediante la exposición de un busto con su legado público, cuando gran parte de ese legado, precisamente, está relacionado con un sistema absolutamente violento, y cuyo ‘modus operandi’ era la represión, la tortura y el asesinato hasta los límites que permiten que esos hechos sean conocidos como genocidio o crímenes de lesa humanidad.

¿Cómo se puede entender entonces esta contradicción? Porque el hecho de retirar una escultura de un espacio público mediante una argumentación legal, al tiempo que se permite realizar poco después, y en un espacio público diferente, un homenaje al mismo individuo representado en aquélla es un contrasentido que ayuda a confundir y que contribuye a mantener unas posiciones inmovilistas bastante conservadoras, y muy parecidas a la de la legislatura de la exalcaldesa Pilar Sánchez con respecto a uno de los temas pendientes del Ayuntamiento de Jerez -esto es, la memoria histórica de las víctimas del genocidio ‘franquista’-, ensombreciendo por tanto los escasos gestos realizados por este Gobierno Municipal.

No es de extrañar, por tanto, que el hasta ahora limitado compromiso de la Alcaldía de Jerez en esta materia vaya en armoniosa sintonía con una línea histórica municipal demasiado desinteresada y evasiva a lo largo del período conocido como “democrático” que se ha expresado mediante una gran paradoja que hunde sus raíces en el legado de la denominada “justicia al revés” que los golpistas también inocularon en el sistema democrático español actual a través de una transición a la democracia bastante pobre y cuestionada actualmente, mucho más fuera de los círculos institucionales españoles que desde su interior. Y que ello debe de tener una explicación sencilla, aunque parezca que haya que buscarla irónicamente en un universo mágico paralelo, ajeno a la cruda realidad de una falta de compromiso más serio con la defensa de los derechos humanos y con la dignificación de las víctimas de la violencia genocida que se impuso en el municipio tras el golpe de estado de julio de 1936.

Lo cierto es que no es un secreto que Pemán alentó con orgullo y sin vergüenza en muchos de sus escritos y alocuciones para el exterminio de una parte de la población, y lo demostró activamente también al ponerse, desde un primer momento, bajo las órdenes del comandante golpista Marqués de Casa Arizón, y posteriormente, participando en los incipientes órganos golpistas represivos. Y salvando los matices étnico-geográficos, se puede afirmar que el hecho institucional de permitir el acto que denunciamos sería semejante, por ejemplo, a que el gobierno municipal de alguna localidad alemana cediera unas instalaciones públicas para homenajear a cualquier jerarca nazi influyente del III Reich, sólo porque dicho personaje tuviera algunas facetas personales artísticas. Y lo afirmamos con todo el respeto hacia los familiares del personaje histórico que cuestionamos, porque en realidad también ellos son víctimas de las circunstancias a las que tal vez hayan sido arrastrados por terceros a causa de intereses partidistas.

¿Cómo se explica entonces dicha paradoja? Sabemos que la máxima responsabilidad de la cesión de la Sala Compañía para este funesto homenaje recae directamente en la Delegación de Cultura y, por encima de ella, en la Alcaldía, sin olvidarnos de que hay que partir de la base de la existencia de una mínima coordinación entre los diferentes equipos técnicos y las delegaciones municipales oportunas. La conclusión a la que llegamos, pues, nos lleva a afirmar que, o bien existe un gran agujero en la escala de mandos del Ayuntamiento que impide una coordinación y fluidez en la información entre departamentos y delegaciones -y que repercute negativamente en los derechos de la ciudadanía-, o bien, nos hallamos ante la existencia de unos intereses político-económicos demasiado poderosos que impiden que la Alcaldía de Jerez actúe conforme a la legislación vigente en materia de derechos humanos.

Tampoco consideramos que los políticos del Gobierno Municipal sean menores de edad o estúpidos como para pasar por alto la difusión de este agravio a las víctimas del genocidio golpista, a la de sus familiares y a la idea real -no etérea- de la defensa de los derechos humanos con todas sus consecuencias. La inexistencia de una línea coherente y de un compromiso continuo, sumados a la aplicación regular de la táctica consistente en dar “una de cal y otra de arena” puede definir lamentablemente, y como en otras ocasiones anteriores, la praxis municipal jerezana a la hora de implementar acciones y temas relacionados con nuestro trabajo que pueden llegar a interferir peligrosamente en la búsqueda de la verdad y la justicia, pudiéndose actuar por ello como sepultureros activos de la historia.

El paso dado por el Gobierno Municipal, al ceder unas instalaciones públicas para un acto que se podría haber organizado perfectamente en un espacio privado -evitándose también, y de esta manera, la sensación de que lo único que interesa a la organización del evento es buscar un golpe de efecto político tras el anuncio de la acertada retirada del busto de Pemán del Teatro Villamarta- es un gran retroceso que nos situaría una vez más en el punto cero de la defensa de los derechos humanos en el municipio jerezano, que sólo podría ser enmendado en parte con una asunción de responsabilidades -con su correspondiente reflexión y reconocimiento sincero del error-, y con una cancelación inmediata del evento por motivos más que justificados.

En conclusión, se puede decir que no es suficiente la afirmación oficial irrisoria de que el homenaje no es un acto político; no es tampoco admisible que la aberrante complicidad y activismo de José María Pemán en los sucesos que siguieron al golpe genocida de julio de 1936 se intente ocultar con unos argumentos culturalistas hartamente denunciados por nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” porque con ello, en realidad, también se pretende maquillar no sólo la cara más siniestra del homenajeado, sino la de los miles de cadáveres que todavía hoy en día esperan ser exhumados de las fosas comunes, víctimas de la locura y la sinrazón.

Jerez de la Frontera, a 27 de septiembre de 2015



Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”  



miércoles, 26 de agosto de 2015

LA ASOCIACIÓN “JEREZ RECUERDA” SE PRESENTARÁ, SI ES REQUERIDA, PARA DECLARAR COMO TESTIGO DE QUE LA COMPLICIDAD DE JOSÉ MARIÁ PEMÁN EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE INSTIGACIÓN A LOS MISMOS FUE UN HECHO HISTÓRICO MÁS QUE EVIDENTE.



En relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación locales sobre la posible demanda judicial que la familia de José María Pemán quiere interponer contra la concejala del Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández de Cosa, como consecuencia de unas declaraciones suyas que hizo para defender y justificar el acertado acuerdo municipal de retirada del busto de este personaje del espacio público jerezano conocido como Teatro Villamarta en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ‘por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’, y más allá de cualquier otra consideración de tipo político o etimológico subjetivamente interpretable, que pueda desviar el verdadero sentido de la trascendencia de la aplicación de la mencionada Ley en el Municipio de Jerez de la Frontera, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”, expone las siguientes CONSIDERACIONES:

1)      Que, a pesar de comprender a los descendientes directos de la familia de José María Pemán, e intentar empatizar humanamente con ellos, deben de entender que están obligados por partida doble a asumir cualquier decisión relacionada con la retirada de dicho nombre de cualquier espacio público. Por un lado porque la Ley obliga, y por el otro, porque si existe una obligación legal es debido a que la corresponsabilidad y complicidad de dicho personaje histórico y público en el golpe de estado de julio de 1936, así como en el genocidio franquista, es un hecho probado que nadie puede negar a estas alturas, más allá, como afirmamos arriba, de cualquier consideración de tipo político o etimológico de las palabras empleadas por la concejala.

2)      Que no existe ninguna excusa o mérito de tipo "culturalista", o de cualquier otro, para defender a ningún personaje histórico involucrado en la propaganda de unos hechos históricos condenables y conocidos internacionalmente, cuya impunidad en el Estado español ha sido más que evidente gracias a la  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que exoneró de toda culpa a los responsables directos y a todos sus cómplices de los delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en gran parte de la Península Ibérica tras el golpe de estado de julio de 1936, durante el período de conflicto bélico conocido como “Guerra Civil” y tras él, durante la dictadura de Francisco Franco Bahamonde.

3)      Que alentamos a la Comisión Ejecutiva Local del Gobierno Municipal de Jerez de la Frontera, a todos los grupos políticos, a todas las organizaciones sociales, a todas las víctimas, o familiares de víctimas del golpe de estado de 1936 y de su posterior dictadura, y a la ciudadanía consciente en general, a que realicen acciones de autoinculpación en caso de que prospere absurdamente cualquier demanda judicial encaminada paradójicamente a criminalizar, cuestionar o mancillar el honor y la dignidad de cualquier persona por denunciar públicamente los actos criminales de lesa humanidad cometidos por los golpistas, o por sus cómplices.
  
4)      Que invitamos a los profesionales de la abogacía a que ejerzan con honestidad la defensa de los derechos humanos y de la legalidad vigente, evitando la caída en la trampa mediática que supone el defender casos cuya trascendencia puede acabar relacionada con un posicionamiento ideológico más que legalista.

5)      Que nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” se solidariza con la concejala Ana Fernández y acudirá, si es necesario -y si es requerida- a testificar sobre la complicidad del mencionado personaje histórico con el golpe de estado de 1936, y por tanto, con todos los hechos acaecidos como consecuencia de la “limpieza” genocida implícita en el programa de los golpistas.


Lo que ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación en Jerez de la Frontera, a 26 de agosto de 2015



ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA “JEREZ RECUERDA”



jueves, 29 de septiembre de 2011

SE ENCUENTRA AL FIN LA FOSA DE EL MARRUFO EN JEREZ DE LA FRONTERA


Según noticias llegadas a esta Asociación, y publicadas en diferentes medios de comunicación, se han hallado indicios de la conocida fosa del Cortijo El Marrufo. Una evidencia dramática de algo que se ha querido ocultar durante décadas y que diferentes asociaciones y personas llevamos años denunciando. Desde la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda" hemos de señalar que nos congratulamos del hallazgo científico e instamos a que estos trabajos no se vean limitados por la política de subvención que practican normalmente las diferentes administraciones públicas y que el estado tome directamente cartas en el asunto, poniendo todos los medios para la exhumación íntegra no sólo de esta fosa, sino de todas las que aún permanecen ocultas a estas alturas del siglo XXI.

Consideramos que la cuestión de las fosas comunes en el estado español es una de las asignaturas pendientes de una democracia que ha mirado siempre hacia otro lado cuando se trata de poner sobre la mesa la verdadera naturaleza genocida del golpe de estado de 1936 y de la de su posterior dictadura franquista. A estas alturas, las palabras y expresiones utilizadas bajo las denominaciones de "guerra civil", "lucha entre hermanos", "dos bandos", "estado de guerra", y muchas otras usadas para enmascarar la realidad, no son más que deformaciones monstruosas del lenguaje para ocultar el plan de exterminio que habían diseñado y puesto en práctica los golpistas del 36 para acabar con una parte de la población española que incomodaba para la creación de un nuevo estado amoldable a los intereses de los sediciosos.

La fosa de la Finca El Marrufo es una muestra más de la sistemática violación de los derechos humanos que se implementó una vez iniciado el mencionado golpe de estado, con objetivos claros de eliminación de grupos humanos a los que se les consideraron adversarios, y relacionados con el republicanismo o con las ideologías afines a los movimientos anarquistas, socialistas o comunistas, y otros vinculados a las ideas progresistas, entre los cuales se ha podido demostrar en diferentes ocasiones que la edad y el género de las víctimas no era un obstáculo para los golpistas.

Adjuntamos enlace de la noticia para quienes estén interesados:

http://www.elpais.com/articulo/espana/rastro/balas/permite/hallar/gran/fosa/Jerez/elpepunac/20110929elpepinac_21/Tes