En relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación locales sobre la posible demanda judicial que la familia de José María Pemán quiere interponer contra la concejala del Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández de Cosa, como consecuencia de unas declaraciones suyas que hizo para defender y justificar el acertado acuerdo municipal de retirada del busto de este personaje del espacio público jerezano conocido como Teatro Villamarta en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ‘por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’, y más allá de cualquier otra consideración de tipo político o etimológico subjetivamente interpretable, que pueda desviar el verdadero sentido de la trascendencia de la aplicación de la mencionada Ley en el Municipio de Jerez de la Frontera, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”, expone las siguientes CONSIDERACIONES:
1)
Que, a pesar de comprender a los descendientes
directos de la familia de José María Pemán, e intentar empatizar humanamente
con ellos, deben de entender que están obligados por partida doble a asumir
cualquier decisión relacionada con la retirada de dicho nombre de cualquier espacio
público. Por un lado porque la Ley obliga, y por el otro, porque si existe una
obligación legal es debido a que la corresponsabilidad y complicidad de dicho
personaje histórico y público en el golpe de estado de julio de 1936, así como
en el genocidio franquista, es un hecho probado que nadie puede negar a
estas alturas, más allá, como afirmamos arriba, de cualquier consideración de
tipo político o etimológico de las palabras empleadas por la concejala.
2)
Que no existe ninguna excusa o mérito de tipo "culturalista",
o de cualquier otro, para defender a ningún personaje histórico involucrado en
la propaganda de unos hechos históricos condenables y conocidos
internacionalmente, cuya impunidad en el Estado español ha sido más que
evidente gracias a la Ley
46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que exoneró de toda culpa a los
responsables directos y a todos sus cómplices de los delitos de lesa humanidad que
se llevaron a cabo en gran parte de la Península Ibérica tras el golpe de
estado de julio de 1936, durante el período de conflicto bélico conocido como “Guerra Civil” y tras él, durante la
dictadura de Francisco Franco Bahamonde.
3)
Que alentamos a la Comisión Ejecutiva Local del
Gobierno Municipal de Jerez de la Frontera, a todos los grupos políticos, a
todas las organizaciones sociales, a todas las víctimas, o familiares de
víctimas del golpe de estado de 1936 y de su posterior dictadura, y a la
ciudadanía consciente en general, a que realicen acciones de autoinculpación
en caso de que prospere absurdamente cualquier demanda judicial encaminada paradójicamente
a criminalizar, cuestionar o mancillar el honor y la dignidad de cualquier persona
por denunciar públicamente los actos criminales de lesa humanidad cometidos por
los golpistas, o por sus cómplices.
4)
Que invitamos a los profesionales de la abogacía
a que ejerzan con honestidad la defensa de los derechos humanos y de la legalidad
vigente, evitando la caída en la trampa mediática que supone el defender casos
cuya trascendencia puede acabar relacionada con un posicionamiento ideológico más
que legalista.
5)
Que nuestra Asociación
para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” se solidariza con la concejala Ana Fernández y
acudirá, si es necesario -y si es requerida- a testificar sobre la complicidad
del mencionado personaje histórico con el golpe de estado de 1936, y por tanto,
con todos los hechos acaecidos como consecuencia de la “limpieza” genocida implícita en el programa de los golpistas.
Lo que ponemos en conocimiento de la
ciudadanía y de los medios de comunicación en Jerez de la Frontera, a 26 de
agosto de 2015
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA “JEREZ
RECUERDA”
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