martes, 1 de diciembre de 2009

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN “JEREZ RECUERDA” ASISTIERON AL AULA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA CELEBRADA EN VILLAMARTÍN


A pesar de no haber sido invitados oficialmente por la institución organizadora para participar en el Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica celebrada en Villamartín, miembros de la Junta Directiva de la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” acudieron como público al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villamartín la tarde del pasado día 19 de noviembre y contribuyeron con su presencia y participación a enriquecer un debate que suscitó interés entre los asistentes que abarrotaban la sala donde se desarrolló el acto, el cual fue inaugurado a las 17:00 horas por el Comisario de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía con una ponencia titulada “Situación actual de la Recuperación de la Memoria Histórica. Estado de la Cuestión”.
Fue quizás la participación posterior del historiador e investigador de Villamartín, Fernando Romero, quien con su conferencia “La represión fascista en la Sierra de Cádiz: los Registros Civiles como fuente historiográfica”, expuso didáctica y gráficamente la problemática social existente por la falta de inscripción en los registros civiles de la Comarca de la Sierra de Cádiz de muchas de las víctimas de la represión causada a raíz del golpe de estado de julio de 1936. De este modo, a partir de los datos obtenidos de los 19 registros civiles investigados en sus respectivas localidades de la Sierra de Cádiz, el historiador pudo explicar cómo aparece reflejada la represión golpista en sus distintas etapas: la primera, ubicada en los primeros días desde la ocupación de los pueblos serranos por parte de los golpistas -especialmente desde mediado de agosto hasta fin de año-, donde aparecen las víctimas de la gran represión del verano de 1936; la segunda fase represiva investigada en los registros es la denominada por el investigador “represión por bando de guerra”, que abarca todas las víctimas que fueron asesinadas desde la vuelta a sus lugares de procedencia de las personas huidas que llegaron de la provincia de Málaga en febrero de 1937; y la tercera etapa represiva investigada es la que se produce a partir de la primavera de 1937 a través de los consejos de guerra.
Lo que hizo el historiador en su exposición fue el plantear cómo queda reflejado todo ello en los registros civiles y demostrar la limitación de los mismos a la hora de dar a conocer la realidad de la represión, ya que existen otras fuentes documentales que nos informan sobre la existencia de víctimas de la represión que no se encuentran en los mencionados registros civiles, pero que se han llegado a cuantificar en muchos casos hasta en un 80 % del total de las víctimas. La media estadística realizada por Fernando Romero, según los datos que baraja en la actualidad a partir del estudio y la investigación de los diecinueve pueblos de la Comarca de la Sierra de Cádiz, gira en torno a un 60 % de las víctimas cuantificadas que no se encuentran inscritas en dichos registros civiles y que coinciden con su pertenencia al bloque de las víctimas de la primera etapa referida. Por otro lado, y contrastando con esta información, dicho investigador insistió en el conocimiento de las víctimas que han dejado más rastro documental a partir de su inscripción en los registros civiles, especialmente debido a que las mismas pertenecían a la tercera etapa represiva, puesta en marcha a través de la justicia militar.
Terminó la intervención Fernando Romero aportando casos concretos documentados sobre la represión golpista en sus más variadas formas. De este modo, ilustró a los asistentes con casos de asesinatos de gitanos, así como con otros relativos al expolio y a la incautación de tierras y bienes, o con los relacionados con el robo y el secuestro de niños y bebés de víctimas y de represaliados en general. No faltaron tampoco las alusiones a casos documentados de violaciones y asesinatos de mujeres en los que nuevamente los nombres de Fernando Zamacola, la Falange Española y la Guardia Civil salen implicados en estos hechos. Hechos como el acaecido en un pueblo de Sevilla donde la Guardia Civil es investigada por su participación en el rapado, la violación, la mutilación genital y el pateo a una mujer que fue capturada por un grupo de miembros del mencionado cuerpo “benemérito”.
Tras la intervención del historiador de Villamartín se dio paso a la Mesa Redonda que, con título “Situación de los familiares y el movimiento social ante la falta de inscripción de las víctimas en los Registros Civiles”, estuvo compuesta por él mismo, además de contar con la presencia de Cecilio Gordillo de la asociación RMHSA de CGT de Andalucía; de Jorge Garrido, de la Asociación de Familiares de Bornos; de Pilar Peruyera, del Foro por la Memoria de El Puerto de Santa María, y de Sebastián Cauqui, Presidente provincial de AMHyJA.
Abrió el debate Cecilio Gordillo, quien afirmó que todavía hay muchas personas desaparecidas que hay que inscribi,r aseverando que hoy en día existen más dificultades que en la década de los años ochenta para la inscripción en los registros civiles de estos desaparecidos. También criticó el hecho de que los jueces no den el mismo crédito a la documentación que se le pueda ofrecer que a los testimonios de los testigos presenciales que cada vez son más escasos. Afirmó también que el desmontar la falsedad de las cifras de la represión que durante años se ha mantenido es una de las cuestiones fundamentales del proceso de la memoria histórica y que se podía equiparar, en cuanto a importancia, al tema de la exhumación de las fosas que va paralelo a dicho proceso.
Siguió ahondando Cecilio Gordillo en la cuestión y recordó que mientras que una persona no consta legalmente como desaparecida, tampoco posee oficialmente herederos legítimos que puedan reclamar las propiedades robadas, incautadas o expoliadas por los golpistas; cuestión ésta que podría solventarse de poder ser inscrita dicha persona en cualquier registro civil. Asimismo, criticó la contradicción que existe en los argumentos que mantiene el Estado para reconocer a una víctima de la represión, ya que suele exigir la aportación de una documentación que el investigador, o el familiar, tiene que solicitar al propio Estado a través de los registros civiles o de los archivos que gestiona y que niega en cierto sentido cuando los archivos son inaccesibles o no están ordenados, de tal manera que muchas indemnizaciones destinadas a los familiares de las víctimas y a las personas represaliadas se han quedado sin ser concedidas, a pesar de que en Hacienda existen miles de expedientes de personas con familias encarceladas durante la etapa golpista y de dictadura franquista.
Aparte de criticar a la Ley de Memoria Histórica por no reconocer el delito de violación a las mujeres represaliadas, quienes fueron rapadas y obligadas a beber aceite de ricino, también denunció la pasividad de las instituciones y de los partidos políticos que participan en las instituciones –especialmente los parlamentarios y senadores andaluces- por hacer oídos sordos a la petición de más de setecientas firmas de asociaciones y entidades de todo tipo (siendo estas últimas las diputaciones provinciales y ayuntamientos), relacionada con el problema de la falta de inscripción de la figura del “desaparecido” en los registros civiles. Del mismo modo, no faltaron tampoco las críticas a las organizaciones de la izquierda, muy especialmente a las organizaciones políticas y sindicales históricas que “pusieron sus muertos” cuando se inició la represión golpista. De esta manera, nombró al PSOE, a la CNT, a Ezquerra Republicana e incluso al PNV; organizaciones todas ellas que no se personaron ante la Audiencia Nacional a defender “sus muertos” cuando el Juez Garzón abrió en octubre de 2008 la conocida y malograda causa penal contra los golpistas de julio de 1936.
Tampoco la llamada “Transición española” escapó a su análisis crítico y recordó al auditorio que durante esta etapa histórica española murieron más de cien personas en manos de la Policía, a tiros y a golpes, en manifestaciones y huelgas. Siguió revelando Gordillo que es entonces en este contexto cuando nace la “Ley de Amnistía” en 1977, la cual garantizó la seguridad legal de todos los individuos que durante cuarenta años habían estado torturando, fusilando y asesinando a civiles y a los oponentes políticos, y también de todas aquellas empresas que se habían estado lucrando con los presos políticos. Según Cecilio Gordillo, el problema no es la existencia de la “Ley de Amnistía”, que debía de haber quedado derogada con el nacimiento de la Constitución española, sino que todavía hoy en día existen muchas personas políticas vinculadas a la etapa de la “Transición” que la siguen defendiendo y, como consecuencia evidente, los jueces prefieren acogerse a dicha Ley para denegar los derechos de las víctimas y los de sus familiares.
Terminó la intervención de Gordillo con un repaso a las contradicciones encontradas en la cuestión de la exhumación de las fosas y las repercusiones político-electorales que se han derivado de ciertas actuaciones por parte de las formaciones políticas. Criticó los problemas que está dando en la capital cordobesa una formación de izquierda (en clara alusión a Izquierda Unida) al poner trabas a la idea de la exhumación de su cementerio, mientras que en el de Málaga, gobernado por el P.P., ya han sido exhumados 2.480 víctimas de la represión. Del mismo modo, en la Puebla de Cazalla, que estaba gobernada por el PSOE -contrario a la exhumación de las víctimas de la localidad- perdió las elecciones municipales cediendo el gobierno a Izquierda Unida que, en este caso, estaba a favor de dicha intervención; en Zalamea la Real, en Huelva, Izquierda Unida –partido gobernante- se mostró esta vez contraria a la exhumación que sí fue apoyada por el PSOE desde la oposición, el cual ganó las elecciones municipales posteriormente; en Nerva, ocurrió exactamente lo mismo, pero viceversa.
Por su parte, Jorge Garrido, de la Asociación de Familiares de Bornos, quien perdió a seis familiares a causa de la intervención golpista de julio de 1936, insistió en afirmar que la realidad histórica no es precisamente la que está escrita y que aquella choca frontalmente con la realidad jurídica. Manifestó, en cambio, que la solución a la cuestión de los registros civiles la posee las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica y que en ese sentido se va avanzando hacia lo que considera más importante: la toma de conciencia de la ciudadanía ante este problema. Terminó elogiando la determinación de los pueblos indígenas de América que mantienen viva su memoria histórica, a pesar de haber transcurrido más de cinco siglos, y que todavía recuerdan el genocidio y el expolio que soportaron de los españoles que colonizaron el continente a partir de la llegada de Cristóbal Colón al mismo.
Pilar Peruyera, del Foro por la Memoria de El Puerto de Santa María, y representante de familiares de represaliados de dicha localidad, profundizó en las dificultades que su asociación se ha ido encontrando a la hora de investigar a las víctimas y desaparecidos de su ámbito de actuación investigadora; unas dificultades, en cambio, que no han obstaculizado el hallazgo de más de 400 víctimas de la represión golpista. Según el expurgo de la documentación realizado hasta el momento por esta investigadora del Foro portuense (esencialmente de los registros de penados del penal de El Puerto de Santa María), se ha podido observar que en los primeros momentos del golpe de estado de 1936, los prisioneros entraban “en aluvión” y no se registraba su entrada en la prisión.
Por otra parte, Pilar Peruyera, quiso resaltar la continua movilidad que se impuso a los presos, provocando muchas muertes relacionadas con la separación de sus familiares, que eran quienes en realidad hacían la labor de avituallar con alimento y de abastecer de ropa a los mismos. De esta manera, dicha investigadora quiso resaltar que, entre las causas más frecuentes de muerte halladas entre la población reclusa, se especificaba las relacionadas con casos de extrema debilidad, de caquexia, de tuberculosis y de otras enfermedades de tipo epidemiológico, como el tifus, además de las ejecuciones realizadas a causa de acusaciones de “traición” o de “adhesión a la rebelión”.
Entre las dificultades encontradas en la investigación de la represión de El Puerto de Santa María se hizo mención de las fichas encontradas de registros donde no aparecen los delitos de la población reclusa. Por otro lado, Pilar Peruyera, resaltó la dilación en los permisos para investigar en algunos archivos y la arbitrariedad de algún funcionario que gestiona y dirige algún que otro archivo público.
Llegado el turno de Fernando Romero, éste especificó algunas cuestiones mencionadas anteriormente en su exposición y respondió a Pilar Peruyera que existen “delitos” que todo el mundo sabe que son políticos y le agradeció alguna aportación realizada, especialmente la relacionada con casos de Torre Alhaquime.
Según Sebastián Cauqui, la Ley de Registro Civil es una ley que no contempla la figura del “desaparecido” y que habría que modificarla o ampliarla. Por otro lado, insistió en que el Estado tiene que asumir el asesoramiento sobre las víctimas, porque “eso es de justicia”.
Tras las diferentes intervenciones realizadas por los integrantes de la Mesa Redonda se abrió un debate interesante en el que participó un número importante de personas que formaban parte del público. Entre ellas, queremos resaltar la participación de la Presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”, Mª José Ruiz, quien sostuvo que pertenece a una Asociación que no posee subvenciones –entre otras cosas porque, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Cádiz han negado esta opción a la misma- y que el problema económico, aunque importante, no era lo prioritario a la hora de difundir la memoria histórica. La Presidenta e investigadora de esta Asociación mantuvo en todo momento que lo fundamental para la difusión y la socialización de la memoria histórica entre la población se resumía principalmente en una cuestión de voluntad, y acusó a las instituciones -como la que mantiene la figura del Comisario de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía- de tener falta de voluntad y de no emplear parte de su presupuesto en facilitar la labor de investigación de las asociaciones que realizan un servicio público que además no es reconocido, al menos en el caso de esta Asociación.
También hizo referencia la Presidenta de “Jerez Recuerda” a la simbología y nomenclátor existentes en las calles y barrios de la ciudad de Jerez que todavía perduran homenajeando al golpe de estado y a la dictadura, y recordó que una de las funciones de las asociaciones que trabajan la recuperación de la memoria histórica debería de ser precisamente el dar a conocer a la ciudadanía la historia de los espacios públicos donde habitan con el fin de que la gente tome conciencia del problema. Esto último lo dijo añadiendo que la Asociación a la que pertenece ha comenzado un circuito de encuentros, charlas y conferencias entre las asociaciones y vecinos de los diferentes distritos de Jerez y de su término municipal, y acabó informando que en Jerez, por ejemplo, hay una idea no compartida por “Jerez Recuerda” de seguir manteniendo permanentemente el nombre de José María Pemán, añadiéndole la palabra “poeta” al rótulo de la calle.
Entre el público se animó el debate en torno al tema de la simbología golpista y no faltaron las opiniones acusatorias contra los partidos de izquierdas por su “falta de voluntad política” para erradicar definitivamente el nomenclátor franquista de las calles. Hubo alguien, que no pudimos identificar, que textualmente dijo:
“En el País Vasco llevan dos días gobernando (en referencia al PSOE) y vemos cómo la Policía vasca se sube a la escalera para quitar las fotos de los etarras -porque son etarras que están en espacios públicos- y aquí no podemos quitar una calle de un fascista o un monumento a Franco que fue el mayor terrorista... Si la izquierda no nos movilizamos por este tema... Yo no sé que problema tienen el PSOE, IU o los partidos de izquierdas”.
Hubo también quien hizo mención al Estatuto de Andalucía y recordó que en la lectura de su contenido se podía encontrar expresiones como “los poderes públicos fomentarán la participación ciudadana”, pero lamentó que no se hiciera así cuando se trata de este asunto. Además, insistió el dicente que lo único que se exige es un compromiso y “un reconocimiento político por parte de las instituciones del Estado”.
Como actividad paralela al Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, el público tuvo la oportunidad de visitar la exposición “El Canal de los Presos” que estuvo abierta para cualquier persona interesada desde el día 18 hasta el 22 de noviembre, sirviendo como muestra de otra realidad de la represión del franquismo: la utilización de los presos políticos como trabajadores esclavos para su explotación laboral.